MADRID. Las asociaciones de mujeres no han obtenido los resultados que esperaban de las negociaciones mantenidas con el Gobierno, durante más de dos meses, para incorporar sus reivindicaciones al nuevo proyecto de ley del divorcio que preparaba el Ejecutivo. Y al final se muestran contrarias a gran parte del texto aprobado hace apenas quince días en el Consejo de Ministros. De hecho, nueve organizaciones de mujeres han presentado en el Congreso de los Diputados varias cartas en las que solicitan una entrevista con cada uno de los grupos políticos para hacerles llegar de nuevo sus propuestas y que éstas sean incorporadas como enmiendas al proyecto de ley del divorcio durante su trámite parlamentario.

En un comunicado, las asociaciones y federaciones de mujeres firmantes resumen que la nueva ley del divorcio «va a provocar una mayor desigualdad entre hombres y mujeres y no responde, como se pretende, a una demanda social constatada». Para estas organizaciones, el asunto más conflictivo es la forma en la que se ha regulado la custodia compartida, que se podrá conceder bien de mutuo acuerdo o, en un proceso contencioso, si lo solicita una de las partes y lo dicta un juez. «Esta medida -explica el comunicado-, además de desconocer la realidad social sobre la que habrá de aplicarse, omite también que las mujeres ceden todavía parte de sus derechos en aras a preservar el bienestar de sus hijos».

Garantías en la custodia compartida

Las organizaciones firmantes mantienen que la custodia compartida es utilizada como moneda de cambio para que la mujer «desista de su intención de separarse (ante el riesgo de compartir la custodia de sus hijos con padres no precisamente responsables ni respetuosos con los derechos de sus cónyuges) o pacte pensiones alimenticias a la baja para no perder la custodia de sus hijos e hijas».

Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (una de las asociaciones firmantes) se defiende que es necesario establecer mayores garantías en beneficio del interés del menor tanto en el caso de que exista acuerdo, o no, entre los cónyuges a la hora de otorgar la custodia compartida. «Requiere de una buena relación entre los cónyuges, que estén de acuerdo en las premisas en las que le van a educar... Pero ¿cómo se va a favorecer al menor si estamos en un proceso contencioso?». Aunque decida un juez, como establece el proyecto del Gobierno, ello supone «legislar de espaldas al superior interés de las y los menores, desprotegerlos y causarles perjuicios, de dimensiones impredecibles», dice el comunicado.

Tampoco cuenta con el respaldo de las asociaciones de mujeres la decisión de que no se deban alegar causas para separarse o divorciarse. Estiman que así no se ganará rapidez en los procesos, porque el problema de que los casos de ruptura se dilaten en los juzgados radica más en el propio funcionamiento de los tribunales, que «son incapaces de cumplir los plazos». Además, no entienden «cómo en todos los contratos civiles que regulan relaciones entre personas hay que alegar causas tanto para constituirlos como para deshacerlos y en el contrato matrimonial no va ser posible. Es necesario establecer las reglas de juego que van a regir la relación del pacto cuando se extinga y los motivos por los que se va a otorgar el domicilio, la pensión compensatoria, etcétera. No se trata de culpabilizar sino de asumir responsabilidades», apuntan desde la Comisión de Malos Tratos.

Pensión compensatoria

Otro «plato fuerte» que cuesta digerir a las mujeres se refiere a la posibilidad de que la pensión compensatoria pueda ser temporal, como contempla el texto del Ejecutivo. En su comunicado, alegan que sólo se conceden en un 10 por ciento de los procesos de separación y divorcio. Ante esa cifra, les causa una «profunda extrañeza» que se limite explícitamente la pensión compensatoria y «en cambio, no suponga motivo de preocupación el clamoroso incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de los varones. Casi el 80 por ciento de los casos en los que el progenitor masculino ejerce una profesión liberal, no abona la pensión de alimentos, y en el caso del trabajador por cuenta ajena, no paga el 67 por ciento y obliga a la mujer a solicitar judicialmente el embargo de la nómina».

Tras exponer sus motivos, las asociaciones firmantes anuncian que si el proyecto de ley del divorcio se aprueba en las Cortes como actualmente está redactado, se apresurarán «a buscar la manera, jurídicamente viable, de promover una declaración de inconstitucionalidad» contra el texto.